Expresiones de Opinión

Diario Gestión

18 de Marzo de 2015


COMENTARIO DE LUIS LESCANO SAENZ, GERENTE GENERAL DE FIPES

 

23 de Febrero de 2015

LA INICIATIVA PRIVADA Y EL LUCRO EN LA EDUCACIÓN  (*)

Contestar la siguiente pregunta es fundamental para abordar este tema, respecto del cual últimamente hemos escuchado muchos comentarios de distintos e importantes actores públicos y privados del sector educativo, incluyendo de la Comisión de Educación del Congreso y del propio Minedu en un momento en el que se vienen dando cambios normativos sustanciales, como la ley universitaria, el funcionamiento de la Sunedu, la reorganización del Sineace y la inminente nueva ley de institutos  de educación superior, entre otros.

¿ La obtención de una ganancia, provecho, utilidad o beneficio producto de la realización de una actividad educativa es ilegal ? ¿es ilícito ? ¿es ilegítimo ?, es decir,  ¿desarrollar una actividad educativa con fines de lucro es ilegal o ilícito o ilegítimo ?

Comencemos por lo que consideramos lo más fácil de explicar : la legalidad o no de la actividad educativa realizada por instituciones privadas con fines de lucro. Basta mencionar dos referencias constitucionales para dejar zanjado rápidamente este asunto. La primera, el artículo 15, in fine, de nuestra Constitución señala que “…toda persona, natural o jurídica, tiene el derecho de promover y conducir instituciones educativas y el de transferir la propiedad de éstas, conforme a ley.”, con lo que queda clara la voluntad de nuestra suprema ley de permitir la creación de organizaciones privadas para el desarrollo de actividades educativas, incluyendo el derecho de transferir la propiedad de éstas. No sólo esto, el artículo 19 de la Constitución prescribe que “…para las instituciones educativas privadas que generen ingresos que por ley sean calificados como utilidades, puede establecerse la aplicación del impuesto a la renta.”, lo que de hecho ocurre actualmente. Efectivamente, las instituciones educativas privadas con fines de lucro, como cualquier empresa – sea cual fuere la actividad que desarrolle – están afectas al Impuesto a la Renta.

Aún más, en el caso de las universidades, la todavía discutida Ley Universitaria dedica todo su capítulo XII a la universidad privada, reconociendo y ratificando el derecho constitucional a la iniciativa privada para constituir una persona jurídica con la finalidad de realizar actividades en la educación universitaria y señalando que las utilidades que generen las universidades privadas societarias están afectas a las normas tributarias del Impuesto a la Renta. Entonces, podemos afirmar que el desarrollo de actividades educativas mediante instituciones privadas con fines de lucro no sólo tiene amparo normativo legal, sino que constituye un derecho protegido constitucionalmente.

Ahora bien, siendo que la realización de actividades educativas a través de personas jurídicas creadas con fines de lucro, constituyen actividades que no se encuentran prohibidas por la ley, sino que por el contrario, están legal y constitucionalmente permitidas, podemos afirmar, en consecuencia, que estamos frente a actividades lícitas y consentidas normativamente.

Respecto del tema de la legitimidad, es decir, si hay justicia o razón que “legitime” el ejercicio de las actividades educativas mediante la iniciativa privada con fines de lucro, es preciso referirnos a la situación en la que se encuentra la educación en nuestro país y al papel que ha tenido el Estado. Nadie discute que, desde hace muchos años, la educación pública en nuestro país, en todos sus niveles, se encuentra en una profunda crisis. La gestión educativa, infraestructura, calidad de los docentes y los contenidos curriculares de los colegios, institutos superiores y universidades públicas, salvo contadísimas excepciones, están muy lejos de los estándares internacionalmente aceptados.

Frente a esta evidente crisis, de responsabilidad absoluta del Estado y de sus sucesivos gobiernos, que creó una natural desconfianza de la sociedad en la educación pública, nuestro modelo constitucional de economía social de mercado permitió el ingreso a nuestro sistema educativo de la iniciativa privada que, bajo modelos societarios, promovió la creación de instituciones particulares para llenar esa cobertura educativa que el Estado no proporciona o que la proporciona deficientemente. Pero esto no es todo, la entrada de instituciones privadas – buenas, regulares y malas – a nuestro sistema educativo se hizo con la autorización o licenciamiento otorgado por el propio Estado. Entonces, cuando algún funcionario público afirma con total ligereza que “…el lucro es lo que le ha hecho el mayor daño a la educación…”  o que “…el lucro distorsiona la educación superior…”, nos encontramos frente a una falacia de tamaño mayor que busca ocultar la verdadera responsabilidad que ha tenido el Estado en la educación peruana pues, como ha quedado demostrado, ha sido el propio Estado el que – con el manejo probadamente deficiente de sus instituciones educativas públicas y sus autorizaciones indebidamente otorgadas a privados que no reunían condiciones mínimas de calidad para realizar actividad educativa  –  ocasionó que nuestra educación haya tocado fondo.

Consecuentemente,el desarrollo de actividades educativas por instituciones privadas serias con ánimo de lucro es totalmente legítimopues llenan con responsabilidad un espacio que el Estado ha sido incapaz de cubrir, promoviéndose con ello un mayor acceso a la educación junto con la posibilidad que se le concede al estudiante o padre de familia para elegir, de acuerdo con sus preferencias y posibilidades económicas, en qué institución estudiar. Lo que no es legítimo es que el Estado haya autorizado y siga permitiendo el funcionamiento de instituciones públicas y privadas que no garantizan una enseñanza mínimamente decente y que sigan ofreciendo sus “servicios educativos” en condiciones muy deplorables de calidad.

En una economía social de mercado, como la nuestra, las actividades comerciales, industriales, agrarias, de servicios, de salud y también las educativas, pueden realizarse adecuadamente mediante modelos asociativos o societarios que persigan o no fines de lucro. El lucro no es malo. Acaso, a alguien se le ocurriría sostener que las clínicas privadas societarias son malas porque tienen ánimo de lucro ?  Acaso a alguien le quedan dudas que los servicios de atención que se prestan en una clínica particular son diametralmente diferentes a los que brindan nuestros hospitales del Estado ?  El lucro en la educación no es malo, y así lo expresó el actual y eficiente Ministro de Educación en entrevista aparecida en el Diario Gestión del 04 de agosto de 2014. Malo es el Estado gestionando y manejando instituciones educativas públicas (y no sólo educativas). Malo es el promotor privado creando y conduciendo instituciones educativas, asociativas o societarias, sin condiciones mínimas de calidad. No culpemos al medio de transporte cuando la culpa es enteramente del transportador.


 


Página Editorial 

09 de febrero de 2015

Diario El Comercio

 


Página Editorial 

11 de enero de 2015

Diario El Comercio


Reportaje  a Juan Manuel Ostoja, Gerente General de la USIL 

31 de diembre de 2014

Diario Gestión

 


COMENTARIO DE JOSÉ DEXTRE A PABLO SECADA POR ARTÍCULO “LEY UNIVERSITARIA SIN FINES DE LUCRO”

21 de octubre de 2013 a la(s) 11:54

LEY UNIVERSITARIA SIN FINES DE LUCRO 

Por: Pablo Secada.

Estamos a la cola mundial en educación superior e in­vestigación y desarrollo. Anualmente se estafan a mi­les de jóvenes con el cuento del bachillerato de mu­chísimas “universidades”. Mientras tanto, no se reconoce a los graduados por Senati o Tecsup. Imagínense qué resultará de un dictamen de veintinueve proyectos de ley elaborados por el Congreso. Sigan imaginando lo que, en nuestra de­mocracia sin partidos, viene resultando de un proceso en el que mercas que perciben rentas como si fueran dueños de algunas “universidades” con fines de lucro, algunas públicas que no rinden cuentas o aquellas que reciben parte del ca­non para “investigación”, están muy bien representadas en el Congreso. Un aporte de la teoría económica al debate: se re­quiere la intervención del Estado en educación superior e in­vestigación y desarrollo. Un corolario: la universidad privada con fines de lucro es un sinsentido conceptual. Empecemos el debate por el comienzo.

Se requiere la intervención del Estado en la educación superior y en la investigación y desarrollo. Los beneficios para la sociedad son mayores a los beneficios para el estu­diante o investigador. Así como a la contaminación se le llama una “externalidad negativa”, a esto una “externalidad positiva”. Adicionalmente y de manera redundante, porque lo anterior ya justifica la intervención pública, no se puede impedir que alguien consuma la innovación, no se agota la educación universitaria al impartirse a un alumno. Rasgar­se las vestiduras como algunos, por la medida en que la uni­versidad con fines de lucro ha promovido la competencia, es muestra de un gran cinismo o una ignorancia supina. La universidad con fines de lucro, de verdad claro está, es una imposibilidad teórica. Lo primero que debería hacer la Ley Universitaria es circunscribirse a las universidades sin fines de lucro. Las mal llamadas universidades con fines de lucro deberían regirse por las leyes mercantiles vigentes. Como las empresas que venden galletas, por ejemplo. Solo ofre­ciendo algo de calidad, que va desde subóptima a paupé­rrima, las universidades con fines de lucro pueden cuadrar el círculo. Algunas, como si fueran centros comerciales, encandilan a los padres de familia porque tienen edificios modernos equipados con tecnología digital.

Universidades privadas sin fines de lucro, la mejor del país o dos de las mejores en sus rubros, incluyendo a la más reconocida del país en investigación, han perdido alumnos que pagaban la pensión completa y subsidiaban a quienes no podían hacerlo gracias a la “competencia” -falsa por las fallas de mercado mencionadas- de algunas privadas con fines de lucro.¡Qué barbaridad!

Las privadas con fines de lucro deben, para empezar, pa­gar impuestos. La acreditación a cargo de Sineace obviamen­te no conduce a nada. El gato no puede estar de despensero. Que las mejores facultades certifiquen los títulos es mucho más serio. Precisar cuáles son estas facultades es simple: bas­ta aplicar la metodología de rankings internacionales como el de Shanghai, en el que no aparece ninguna universidad pe­ruana entre las mejores quinientas del mundo. La mayoría de bachilleratos no estará certificado. Se acabará la estafa. Se irá construyendo una pirámide de las que pueden investigar, las que solo enseñan y dan títulos y las que no. Se deberá for­talecer la UNMSM, UNI y UNALM. Mejorará la calidad. Se requieren reformas adicionales a los incentivos o el financia­miento, de modo que estudien todos los que son admitidos y aprueban en un entorno exigente, con rendición de cuentas, reformas de gobierno corporativo, gestión por resultados y servicio civil, por ejemplo.

 

COMENTARIO DE JOSE DEXTRE

Estimado Sr. Secada, inicié la lectura con interés pero terminé, discúlpeme, con cierta decepción. Además de una redacción algo confusa, el artículo peca de desconocimiento. Las universidades societarias sí pagan impuestos. El Crédito Tributario sólo se aplica si dichas universidades reinvierten la totalidad o parte de sus excedentes y postergan el “lucro” en beneficio de un apoyo a la sociedad. De igual forma, hay una constante de afirmaciones sin sustento: “estafan a miles” o “la universidad privada con fines de lucro es un sinsentido conceptual”, “un proceso en el que mercas que perciben rentas como si fueran dueños de algunas “universidades” con fines de lucro”.

Su crítica aparentemente surge de la reducción de los ingresos de algunas universidades Sin fines de lucro, llámese Pacífico, Católica etc. Notoria en su párrafo: “Universidades privadas sin fines de lucro, la mejor del país o dos de las mejores en sus rubros, incluyendo a la más reconocida del país en investigación, han perdido alumnos que pagaban la pensión completa y subsidiaban a quienes no podían hacerlo gracias a la “competencia” -falsa por las fallas de mercado mencionadas- de algunas privadas con fines de lucro.¡Qué barbaridad!”.

Esta afirmación suya me hace pensar también que el lamento quizás no es sólo porque han perdido el subsidio para ayudar a alumnos, sino que la pérdida de ingresos afecta los beneficios, viajes y otros privilegios de las autoridades de estas universidades. No afecta a los docentes ya que la competencia ha propiciado también que los docentes mejoren sus remuneraciones.

Preguntémonos por qué perdieron esos alumnos, más aún a los que pagaban la pensión completa(!!), es decir, la más cara, que usted lamenta. ¿Por qué los padres son en realidad ingenuos o estúpidos encandilados?, o porque desde una evaluación seria reconocen la calidad de las nuevas. Evidentemente apuesto a lo último basado en que una familia peruana exitosa no arriesga irresponsablemente su capital. Revise usted la empleabilidad de los egresados de UPC, USIL, Cientifica del Sur y verá que sus egresados lograron sus expectativas laborales.

Pero además revise las planillas de las empresas medianas y pequeñas y se dará con la sorpresa que quienes ahí trabajan exitosamente, no son egresados de las universidades del Consorcio, ni las mencionadas anteriormente, ni de la UESAN o la USMP. La clase media universitaria dejó de ser la que usted conoce.